El presidente Daniel Noboa anunció que su Gobierno impulsa la implementación de una tercera placa electrónica para todos los vehículos del país como parte de la estrategia nacional de seguridad. El sistema consistiría en un dispositivo tipo “tag” o adhesivo con chip incorporado que se colocaría en el parabrisas y permitiría la identificación automática del automotor mediante tecnología de radiofrecuencia. La propuesta busca reforzar los mecanismos de control ante el incremento de delitos vinculados al uso de vehículos clonados o con placas adulteradas, una modalidad que ha sido identificada en investigaciones policiales recientes relacionadas con robo, secuestro y crimen organizado.
De acuerdo con lo explicado por el mandatario, el proyecto se desarrollaría en coordinación con empresas tecnológicas internacionales y podría incluir monitoreo avanzado mediante lectores electrónicos instalados en puntos estratégicos del país. Especialistas en movilidad señalan que este tipo de dispositivos, conocidos como sistemas RFID (Identificación por Radiofrecuencia), permiten almacenar información encriptada del vehículo —como número de chasis, motor y datos del propietario— reduciendo la posibilidad de duplicación o manipulación de placas físicas. Sin embargo, expertos en derecho y protección de datos advierten que cualquier sistema de rastreo o monitoreo deberá estar respaldado por un marco legal claro que garantice la privacidad y el uso adecuado de la información.
La iniciativa se suma a otras medidas adoptadas en ciudades como Quito, donde el Concejo Metropolitano aprobó previamente el uso de una tercera placa para mejorar la gestión del tránsito y fortalecer los controles vehiculares. En países como México, Brasil y Colombia ya se han aplicado sistemas similares para combatir la falsificación de matrículas y facilitar la identificación automatizada en peajes y operativos policiales. Aunque todavía no se ha definido una fecha para la implementación nacional, el Gobierno sostiene que la medida apunta a cerrar brechas en los sistemas de registro vehicular y a fortalecer el combate contra estructuras delictivas que utilizan automotores para cometer ilícitos.
