El Gobierno Nacional anunció que las obras de reparación y modernización previstas para el Palacio de Carondelet se ejecutarán finalmente con financiamiento privado y no con recursos del Estado. La secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, explicó que el proyecto será cubierto en su totalidad mediante aportes voluntarios de empresas que se sumen a la iniciativa como parte de un esquema de donaciones orientado a la preservación del patrimonio institucional. La decisión se conoció luego de que se hiciera pública una licitación que contemplaba la adecuación de tres baños del complejo presidencial por aproximadamente USD 130.000 con fondos públicos, proceso que generó cuestionamientos en redes sociales y en algunos sectores políticos por el momento económico que atraviesa el país.
Según detalló la funcionaria, cualquier procedimiento de contratación pública relacionado con estas intervenciones quedará sin efecto, y las adecuaciones se ampliarán más allá de los espacios inicialmente contemplados, incluyendo áreas de apoyo administrativo e infraestructura general del edificio. Carondelet, considerado uno de los principales símbolos históricos y políticos del Ecuador, ha sido objeto de trabajos de mantenimiento en distintas administraciones, debido al desgaste propio de una edificación patrimonial que data del período colonial y que requiere intervenciones técnicas especializadas. Expertos en gestión pública han señalado en medios nacionales que el uso de donaciones privadas para este tipo de obras no es inusual, siempre que se garantice transparencia en la ejecución y se respeten las normas de conservación patrimonial.
El anuncio también se produce en un contexto de austeridad fiscal promovido por el Ejecutivo, que ha insistido en optimizar el gasto estatal y priorizar recursos para seguridad y programas sociales. Gellibert sostuvo que la medida busca precisamente evitar nuevas erogaciones del presupuesto público y fortalecer la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Analistas consultados por medios económicos han señalado que este tipo de decisiones buscan enviar una señal política de prudencia en el manejo de fondos públicos, especialmente en intervenciones relacionadas con edificios emblemáticos. De esta manera, el Gobierno intenta equilibrar la necesidad de mantener en buen estado la sede presidencial con el compromiso de responsabilidad fiscal en un escenario económico complejo.
