El presidente Daniel Noboa aseguró que las investigaciones sobre corrupción en el sistema público de salud han identificado estructuras que irían más allá de funcionarios hospitalarios y proveedores tradicionales. Durante una entrevista, el mandatario afirmó que el Gobierno ha impulsado más de 24 auditorías en el sector y que algunas ya habrían derivado en capturas. También señaló que existen casos relacionados con derivaciones de pacientes hacia dializadoras cuyos propietarios serían prefectos, alcaldes o asambleístas. Estas acusaciones fueron realizadas directamente por Noboa y, hasta el momento, no se han presentado públicamente nombres ni resoluciones judiciales que permitan atribuir responsabilidades individuales. El Gobierno mantiene desde meses atrás una intervención sobre hospitales públicos ante denuncias de irregularidades, desabastecimiento y posibles redes de corrupción.
El mandatario también lanzó acusaciones contra personas vinculadas a medios digitales que, según dijo, al mismo tiempo serían proveedoras del sistema de salud. Noboa agregó que la pareja de una de esas personas estaría relacionada desde hace años con supuestas estructuras del sector eléctrico y mencionó incluso una presunta relación como testaferro del exvicepresidente Jorge Glas. Sin embargo, el presidente evitó revelar identidades y manifestó que los nombres se conocerán conforme avancen las investigaciones. Debido a que se trata de señalamientos todavía no sustentados públicamente con sentencias o documentos judiciales divulgados, estas afirmaciones deben mantenerse como denuncias del mandatario y no como hechos comprobados.
Noboa sostuvo que existe una investigación preparada para exponer a quienes presuntamente participan de estas redes y defendió el trabajo de inteligencia y control que realiza su administración. Este viernes también destacó que el Centro Nacional de Inteligencia ha elaborado informes sobre posibles amenazas y hechos irregulares relacionados con el sistema público de salud, mientras el Ejecutivo mantiene operativos conjuntos entre autoridades sanitarias y de seguridad. Las nuevas declaraciones elevan nuevamente la presión sobre un sector que atraviesa problemas de abastecimiento, contratación y administración, pero será responsabilidad de Fiscalía, organismos de control y jueces determinar si las acusaciones expresadas por el Presidente se traducen en procesos penales y responsabilidades comprobadas.
