La tensión internacional que rodea a Irán no ha frenado las acciones internas del régimen frente a la disidencia. En las últimas horas, las autoridades iraníes llevaron a cabo la ejecución de tres personas mediante ahorcamiento, en un hecho que ha generado fuerte rechazo a nivel internacional. Entre los fallecidos se encuentra Saleh Mohammadi, un joven luchador de 19 años considerado una promesa en un deporte emblemático para el país. Este caso vuelve a poner en evidencia la dureza con la que el gobierno responde a quienes considera opositores, incluso en medio de un escenario geopolítico complejo marcado por conflictos externos.
De acuerdo con reportes, Mohammadi fue señalado como responsable de la muerte de un agente policial durante las protestas que se registraron en noviembre contra el régimen. Sin embargo, la condena se sustentó bajo cargos más amplios como “enemistad contra Dios” y supuestos vínculos con agentes extranjeros. Aunque inicialmente se planteó que la ejecución sería pública, finalmente se realizó en privado dentro de una prisión en la ciudad de Qom, considerada uno de los principales centros religiosos del país. Este cambio en el procedimiento ha despertado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso, especialmente después de que autoridades internacionales solicitaran la suspensión de la medida.
Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado irregularidades en los juicios, señalando que se habrían llevado a cabo sin garantías legales, sin acceso a una defensa adecuada y bajo posibles actos de coerción. Además, activistas advierten que este tipo de acciones podrían formar parte de una estrategia para generar temor en la población, particularmente entre sectores visibles como los deportistas. La ejecución de Mohammadi revive precedentes similares que ya habían generado condena global, mientras crecen las críticas hacia organismos internacionales por su limitada capacidad de intervención frente a este tipo de situaciones.
