El presidente Daniel Noboa extendió por 30 días adicionales el estado de excepción en varias zonas del país, al considerar que persiste una situación de grave conmoción interna vinculada a la violencia criminal. La renovación, firmada la noche del 28 de febrero y vigente desde el 1 de marzo de 2026, abarca nueve provincias —entre ellas Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Pichincha y Esmeraldas— así como los cantones La Maná, Las Naves y Echeandía. La decisión se sustenta en informes técnicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que advierten sobre la presencia y expansión de estructuras delictivas organizadas en estos territorios.
El decreto contempla la suspensión temporal de derechos como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, lo que permite a las autoridades ejecutar allanamientos inmediatos y realizar operaciones de inteligencia sin los procedimientos ordinarios. Según datos oficiales, en las provincias intervenidas se han registrado decenas de hechos violentos recientes, además de múltiples capturas de presuntos integrantes de bandas, decomisos de armas y cargamentos de droga. Un reporte del ECU 911 citado en el documento indica que, durante el periodo anterior de excepción, se gestionaron más de 87 mil emergencias, de las cuales 226 estuvieron relacionadas con muertes violentas.
Ecuador atraviesa desde 2024 un escenario de “conflicto armado interno”, declarado por el Ejecutivo como parte de la estrategia para enfrentar a organizaciones criminales catalogadas como terroristas. No obstante, el país cerró 2025 con cifras históricas de homicidios que superaron los 9.000 casos, lo que mantiene el debate sobre la efectividad de las medidas extraordinarias de seguridad. Mientras el Gobierno sostiene que la prórroga es necesaria para reforzar el control territorial y desarticular redes delictivas, sectores políticos y organizaciones sociales piden evaluar los resultados y el impacto de estas disposiciones en los derechos ciudadanos.
