El Gobierno de Ecuador anunció que continuará con la construcción de centros penitenciarios de alta seguridad como parte de su estrategia para enfrentar al crimen organizado. El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el país edificará todas las cárceles que sean necesarias para contener a estructuras delictivas vinculadas al narcotráfico, en una política impulsada por el presidente Daniel Noboa desde su llegada al poder. Estas medidas buscan responder al incremento de la violencia que ha colocado al país entre los más afectados de la región.
Dentro de este plan, ya se encuentra en funcionamiento una primera prisión de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena, donde se mantienen recluidos internos considerados de alta peligrosidad bajo estrictas condiciones de aislamiento. Además, el Ejecutivo proyecta levantar una segunda megacárcel con capacidad para miles de reclusos, cuya construcción iniciaría en los próximos meses. Estas infraestructuras están diseñadas para restringir al máximo las operaciones de las bandas criminales que, en muchos casos, han convertido a los centros penitenciarios en espacios de coordinación delictiva.
Las autoridades sostienen que estas acciones han generado reacciones por parte de organizaciones criminales, incluyendo intentos de ataques con drones dirigidos a instalaciones carcelarias. Pese a ello, el Gobierno mantiene una postura firme, asegurando que no habrá negociaciones con grupos delictivos y que se continuará debilitando sus estructuras. Sin embargo, la estrategia también ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles vulneraciones a los derechos de las personas privadas de libertad, en medio de un debate que se intensifica frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país.
