El presidente Daniel Noboa remitió al Registro Oficial la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), dejando lista para su publicación la ley que redefine la estructura presupuestaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La norma, aprobada por la Asamblea Nacional con 77 votos el pasado 20 de febrero de 2026, introduce la denominada regla 70/30, que obliga a municipios y prefecturas a destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión en obra pública, mantenimiento e infraestructura básica, mientras que el 30 % restante podrá emplearse en gasto corriente, como nómina y funcionamiento administrativo. El Ejecutivo no presentó objeciones al texto, por lo que la ley fue sancionada y enviada para su publicación oficial.
La disposición establece que los recursos deberán priorizar sectores como agua potable, alcantarillado, saneamiento ambiental, vialidad urbana e infraestructura comunitaria. Según el Gobierno, la medida busca corregir lo que ha denominado “rigidez del gasto”, ya que en la última década varios GAD registraron bajos niveles de ejecución en inversión pública, con presupuestos que en algunos casos no superaron el 60 % de ejecución anual, de acuerdo con reportes del Ministerio de Economía. La aplicación será gradual: el porcentaje mínimo de inversión será del 65 % en 2026, 68 % en 2027 y alcanzará el 70 % desde 2028. Las juntas parroquiales rurales tendrán un tratamiento diferenciado dentro del esquema.
La normativa también incorpora mecanismos de control y transparencia. Los gobiernos locales deberán publicar trimestralmente sus indicadores de gasto y el Ministerio de Finanzas emitirá informes de seguimiento en un plazo máximo de 60 días tras cada trimestre fiscal. En caso de incumplimiento, el ente rector de las finanzas públicas aplicará medidas correctivas previstas en la Constitución y notificará a la Contraloría General del Estado. Aunque el texto asegura que no se vulnera la autonomía política ni administrativa de los GAD, el debate nacional continúa, pues varias autoridades locales sostienen que la reforma podría limitar su margen de maniobra en programas sociales y planificación territorial.
