El ataque registrado la tarde del 17 de junio en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil dejó en evidencia un fenómeno preocupante: el uso de menores de edad en delitos de alto impacto. Dos adolescentes, de apenas 14 y 15 años, fueron los autores del asesinato de un reconocido cabecilla del grupo criminal “Los Águilas” en la zona de arribos internacionales, mientras otras dos personas resultaron heridas. Según las imágenes difundidas por las autoridades, los menores llegaron al lugar con peluches y flores, un disfraz que no impedía su intención de cometer un acto violento a plena luz del día. La Policía Nacional, en conjunto con el CNI, logró detener a los adolescentes en el estacionamiento del aeropuerto mientras intentaban huir, incautándoles dos armas de fuego y asegurando el área afectada.
El caso ha generado alarma sobre la creciente implicación de jóvenes en actividades criminales y el aprovechamiento de su corta edad para evadir responsabilidades penales. La escena del atentado mostró cómo los menores, con apariencia casi infantil, ejecutaron el asesinato con frialdad y precisión, demostrando la planificación detrás de estas acciones. Expertos en seguridad y líderes de opinión han cuestionado la necesidad de revisar la edad de imputabilidad, argumentando que los adolescentes están siendo utilizados como instrumentos de las mafias para generar impunidad y descontrol en la región. Este hecho refleja, además, las fallas en la seguridad y la vigilancia en espacios públicos estratégicos, como un aeropuerto internacional.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los móviles detrás del ataque y determinar posibles vínculos con estructuras criminales más amplias. El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el operativo continúa y que el área se encuentra totalmente asegurada, mientras que se recopilan pruebas y testimonios para identificar a todos los responsables de la planificación del atentado. Este violento suceso pone de relieve la urgencia de reforzar medidas de prevención, mejorar los controles de seguridad y replantear las políticas de justicia juvenil, a fin de evitar que adolescentes sean reclutados y usados como instrumentos de violencia en el país.
