Desde el inicio de su mandato, el presidente Daniel Noboa ha impulsado una estrategia de seguridad marcada por medidas estrictas y un enfoque frontal contra el crimen organizado. Entre las principales decisiones adoptadas destacan la declaratoria de conflicto armado interno, la clasificación de varias organizaciones delictivas como grupos terroristas, la aplicación recurrente de estados de excepción, así como el fortalecimiento del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Este conjunto de acciones ha redefinido la política estatal en materia de control y orden público, permitiendo al Ejecutivo ampliar sus herramientas legales para enfrentar la violencia que atraviesa el país.
Sin embargo, este giro en la estrategia ha generado cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional. Varias de las reformas legales impulsadas por el Gobierno, incluyendo normativas relacionadas con seguridad, inteligencia y control estatal, han sido objeto de múltiples demandas ante la Corte Constitucional. Algunas de estas leyes ya han sido declaradas inconstitucionales, mientras que otras se mantienen bajo revisión o con restricciones temporales. Las críticas apuntan principalmente a posibles excesos en las facultades otorgadas al Estado, así como a la falta de controles adecuados que garanticen el respeto a los derechos fundamentales.
En este contexto, organismos internacionales, entre ellos expertos de Naciones Unidas, han expresado su preocupación por el impacto de estas políticas en los derechos humanos. En una comunicación oficial, advirtieron sobre riesgos asociados a la ampliación de las definiciones de terrorismo, el uso prolongado de estados de excepción y la posibilidad de abusos en los sistemas de inteligencia y control. Además, señalaron que la aplicación de medidas extraordinarias sin suficientes mecanismos de supervisión podría derivar en vulneraciones a libertades básicas como la protesta, la privacidad y el debido proceso. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su postura firme en la lucha contra el crimen, defendiendo sus decisiones como necesarias para recuperar la seguridad en el país.
