La reciente decisión de Ecuador de elevar al 100% los aranceles a productos provenientes de Colombia ha desatado un fuerte cruce de posturas entre los gobiernos de ambos países. El presidente Daniel Noboa defendió la medida señalando que responde a la falta de compromiso conjunto en la lucha contra el narcotráfico y la violencia en la frontera norte. Según el mandatario, las acciones adoptadas por su administración han generado resultados concretos, como la reducción de muertes violentas en esa zona, lo que justificaría decisiones firmes en materia de seguridad y comercio.
Desde Quito se sostiene que el incremento arancelario no solo tiene un componente económico, sino que también busca ejercer presión para fortalecer el control fronterizo y combatir estructuras criminales transnacionales. Noboa ha reiterado que Ecuador prioriza la protección de su población y que cualquier relación bilateral debe basarse en una cooperación real frente al narcoterrorismo. En ese contexto, el Gobierno ecuatoriano ha dejado abierta la posibilidad de retomar el diálogo en el futuro, siempre que existan garantías de un trabajo coordinado contra la delincuencia organizada.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó la decisión ecuatoriana y cuestionó los argumentos de seguridad utilizados para justificar el alza de aranceles. Petro defendió la trayectoria de su país en la lucha contra el narcotráfico y destacó los esfuerzos realizados para reducir cultivos ilícitos y desarticular redes criminales. Además, advirtió que la medida podría afectar los procesos de integración regional e incluso marcar un distanciamiento en acuerdos históricos, en medio de un ambiente diplomático cada vez más tenso entre ambas naciones.
