Una nueva controversia política surgió en Guayaquil luego de que se difundieran acusaciones sobre el presunto uso irregular de sistemas de videovigilancia administrados por una empresa pública municipal. Según las denuncias, una estructura tecnológica habría sido instalada dentro de dependencias del Municipio con acceso a cámaras de seguridad y herramientas de monitoreo en tiempo real, generando cuestionamientos sobre el posible destino y utilización de información obtenida a través de infraestructura financiada con recursos públicos.
De acuerdo con las afirmaciones realizadas por actores políticos, el sistema habría operado mediante conexiones privadas y plataformas tecnológicas que permitían visualizar cámaras, acceder a grabaciones históricas, manipular equipos de vigilancia y consultar datos georreferenciados relacionados con seguridad ciudadana. En el centro de las críticas aparecen exfuncionarios vinculados a la administración municipal y personas cercanas al entorno político del correísmo, señalados por supuestamente haber impulsado la instalación de este mecanismo mientras la ciudad enfrentaba problemas relacionados con delincuencia y orden público.
Hasta el momento, no se han presentado pronunciamientos judiciales que determinen responsabilidades sobre estas denuncias, mientras el tema ha generado un intenso debate político sobre el manejo de recursos públicos y los límites del acceso a sistemas de seguridad ciudadana. El caso también reavivó cuestionamientos sobre el uso de entidades municipales y la necesidad de transparentar el funcionamiento de plataformas tecnológicas destinadas originalmente a proteger a la población.
