El ministro de Trabajo, Harold Burbano, explicó los alcances del nuevo acuerdo ministerial que propone esquemas más flexibles para la distribución de la jornada laboral en Ecuador. Según detalló, la normativa —que aún no ha sido publicada en el Registro Oficial— mantiene intacto el límite de 40 horas semanales establecido en el Código del Trabajo, pero introduce alternativas para organizar esas horas de manera distinta. Entre ellas, la posibilidad de concentrar la jornada en menos días, trabajar hasta diez horas diarias y compensar las horas adicionales con tiempo de descanso en lugar de pago monetario. El funcionario sostuvo que el objetivo es modernizar el mercado laboral y ofrecer opciones adaptadas a distintos sectores productivos.
La propuesta contempla también turnos especiales y rotativos, tanto diurnos como nocturnos o mixtos, en actividades que requieran continuidad operativa. En el caso de jornadas de hasta 12 horas, el ministro aclaró que aplicaría únicamente en contextos excepcionales, como el sector del transporte, donde ya existen regímenes diferenciados por la naturaleza del trabajo. Modelos similares han sido implementados en países europeos como Bélgica e Islandia, donde se han ensayado semanas laborales comprimidas o esquemas de cuatro días con resultados variables en productividad y bienestar. En Ecuador, la iniciativa ha generado debate entre gremios sindicales y empresariales, especialmente en un contexto de desaceleración económica y búsqueda de reactivación del empleo formal.
Burbano aseguró que la aplicación de estos esquemas deberá contar con autorización del Ministerio de Trabajo y que, para evitar abusos, se habilitarán mecanismos de denuncia anónima. Además, el acuerdo fue remitido al Consejo Nacional de Trabajo y Salario para su análisis técnico y social antes de su eventual publicación. Organizaciones laborales han advertido sobre posibles riesgos de precarización si no se establecen controles claros, mientras sectores empresariales consideran que la medida podría dinamizar sectores como comercio, servicios y logística. El Gobierno sostiene que se trata de una herramienta para generar nuevas plazas laborales y adaptar la normativa a las necesidades actuales del mercado, en medio de un escenario donde la tasa de empleo adecuado continúa siendo un desafío para la economía
