La Asamblea Nacional aprobó recientemente la denominada Ley de Sostenibilidad y Eficiencia de los GAD, una normativa que obliga a los gobiernos autónomos descentralizados a destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y obras públicas, como agua potable, vialidad o saneamiento, dejando un máximo del 30 % para gasto corriente como salarios y funcionamiento administrativo. Esta reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) fue aprobada con 77 votos en un pleno realizado en Guayaquil y ha generado fuertes reacciones en varios sectores políticos y sociales. Mientras el oficialismo sostiene que la medida busca mayor transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos, autoridades como la prefecta de Pichincha han anunciado acciones judiciales alegando falta de socialización de la norma.
Ante este escenario, Anabel Hermosa, alcaldesa de Otavalo, emitió un pronunciamiento en sus redes sociales criticando la ley por lo que considera una “limitación de recursos y competencias para la atención social a quienes más lo necesitan en nuestros territorios”. En su mensaje afirmó que pese a la nueva normativa, desde su administración municipal “el compromiso no cambia” y aseguró que continuará apoyando a grupos como deportistas, mujeres beneficiarias de salud, estudiantes y adultos mayores. Hermosa también advirtió que se vienen “tiempos difíciles” y llamó a la unidad para defender y sostener el trabajo social que, según ella, protege a la población más vulnerable.
La gestión de Hermosa al frente del Municipio de Otavalo ha sido objeto de debate público. Por un lado, la alcaldesa y su equipo han promovido algunos proyectos como la inversión de más de USD 640 000 para frenar la contaminación del Lago San Pablo, un cuerpo de agua de alto valor ecológico que enfrenta graves problemas ambientales, y adelantan trabajos de infraestructura vial en varias comunidades del cantón. Sin embargo, algunos sectores de la ciudadanía y críticos de su administración han señalado que la percepción de falta de obras de gran impacto y de ejecución visible en áreas prioritarias sigue siendo un tema sensible, especialmente en un contexto en el que las autoridades locales necesitan ajustar presupuestos a la nueva regla fiscal aprobada por la Asamblea.
