La Union Nacional de Educadores (UNE) anunció una movilización nacional para el próximo 13 de marzo en Quito como medida de protesta contra la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). El gremio docente sostiene que la nueva normativa, que obliga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a destinar el 70 % de su presupuesto a inversión y limitar el gasto corriente, podría afectar programas educativos y sociales que dependen de recursos locales. Además de la marcha, la UNE confirmó que presentará una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional una vez que la ley sea publicada oficialmente en el Registro Oficial.
Según la dirigencia del sindicato, los cambios en la estructura presupuestaria de los GAD podrían impactar en áreas como mantenimiento de infraestructura educativa municipal, programas de apoyo estudiantil y estabilidad laboral de personal contratado por gobiernos locales. La UNE argumenta que la reforma reduce el margen de acción de municipios y prefecturas en el ámbito social, lo que, a su juicio, debilita la autonomía territorial garantizada por la Constitución. En paralelo, otras organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y colectivos del sector público han expresado preocupación por posibles efectos en empleo y financiamiento de servicios comunitarios, en un contexto económico marcado por restricciones fiscales y debates sobre disciplina presupuestaria.
La jornada del 13 de marzo incluirá concentraciones en distintas provincias y una movilización central en la capital, con la participación de sindicatos, organizaciones sociales y movimientos estudiantiles. La UNE ha convocado a sectores indígenas, campesinos y colectivos ciudadanos a sumarse a la protesta, en una agenda que también incorpora demandas sobre seguridad, incremento salarial y estabilidad laboral. Mientras el Gobierno defiende la reforma como una herramienta para priorizar obra pública y mejorar la eficiencia del gasto, el conflicto abre un nuevo capítulo de tensión social en el país, donde el debate sobre autonomía local y sostenibilidad fiscal continúa generando divisiones entre autoridades y organizaciones gremiales.
