Un operativo militar ejecutado en la madrugada del 17 de febrero en el sector Juan Montalvo, cantón Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, dejó como resultado la captura de alias “Camilo”, señalado como presunto cabecilla del Frente Oliver Sinisterra, una de las principales disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La intervención, liderada por el Ejército Ecuatoriano con base en información de inteligencia militar, permitió además la detención de otros diez ciudadanos ecuatorianos presuntamente vinculados a delitos como extorsión, cobro de “vacunas”, tráfico de armas y protección armada a actividades de minería ilegal. Según el comunicado oficial difundido por las Fuerzas Armadas, el ciudadano colombiano Kevin Daniel R. C., alias “Camilo”, sería uno de los responsables de coordinar operaciones ilícitas en la zona fronteriza.
Durante la incursión, los uniformados ingresaron a una vivienda de madera que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, funcionaba como base clandestina del grupo armado. Al llegar, los militares fueron recibidos con disparos, lo que desencadenó un enfrentamiento armado. En aplicación del uso progresivo de la fuerza, las tropas lograron neutralizar la amenaza y tomar el control del inmueble. Uno de los detenidos resultó herido y fue trasladado bajo custodia al Hospital Civil de Esmeraldas. En el sitio se incautó un importante arsenal, entre ellos un fusil AR-15 calibre 5,56 mm, escopetas artesanales, cargadores y decenas de cartuchos, evidenciando —según las autoridades— una estructura con capacidad operativa organizada y recursos logísticos suficientes para sostener actividades armadas en el territorio.
Este golpe se produce en un contexto de alta conflictividad en la frontera norte, especialmente en el límite entre Ecuador y Colombia, donde operan remanentes de estructuras irregulares surgidas tras el proceso de paz colombiano. Informes oficiales y reportes de seguridad han advertido que estos grupos buscan consolidar corredores estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilícitas, aprovechando la geografía selvática y los pasos irregulares. Las autoridades sostienen que la organización no solo brindaba seguridad a campamentos de minería ilegal, sino que intentaba ampliar su influencia hacia comunidades como Zapallo Grande, Telembí y Playa de Oro. Mientras continúan los operativos en la zona ante la presunción de que otros integrantes permanecen ocultos, el Gobierno califica la acción como un avance significativo en la lucha contra estructuras armadas que amenazan la seguridad interna del país.
