El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, presentó este martes 7 de julio un escrito ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitando que se declare inadmisible la petición de revocatoria de mandato contra el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto. El documento, firmado por Herrería junto con los titulares del Ejecutivo, argumenta que la solicitud presentada por diversas organizaciones sociales carece de fundamentos precisos y no cumple con los requisitos legales para ser admitida. La acción legal responde a la iniciativa de grupos como la Fenocin, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular y la Unión Nacional de Educadores (UNE), quienes habían solicitado la revocatoria alegando incumplimientos en el plan de Gobierno y presuntas omisiones legales y constitucionales del binomio presidencial.
En el escrito presentado ante el CNE, la Secretaría Jurídica puntualiza que los solicitantes no identifican metas, proyectos o compromisos específicos que supuestamente hayan sido incumplidos, sino que basan su argumento en desacuerdos con la política económica del Gobierno, especialmente en relación con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Herrería enfatiza que el plan de Gobierno 2025-2029 aún se encuentra en su primer año de ejecución y que los desacuerdos con la política económica no constituyen un incumplimiento formal del programa de gestión. Además, se cuestiona la equivalencia que los solicitantes hacen entre el plan de Gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo y los acuerdos con el FMI, señalando que no existe respaldo legal para considerar cualquier diferencia de criterio como un incumplimiento de mandato.
Por último, la Secretaría Jurídica advierte que la solicitud tampoco especifica qué obligaciones constitucionales o legales habrían sido violadas por el presidente o la vicepresidenta, y trata a ambos como si compartieran exactamente las mismas funciones, sin diferenciar responsabilidades. En contraste, el escrito resalta que desde distintas entidades de la Función Ejecutiva se han implementado acciones concretas dirigidas a cumplir los objetivos y propuestas establecidas en el plan de Gobierno. Con esta respuesta, el Ejecutivo busca proteger la estabilidad institucional y aclarar que los mecanismos de evaluación de políticas públicas no deben confundirse con procedimientos de revocatoria anticipada de mandato.
