El Gobierno de España marcó distancia frente a la reciente ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán y dejó claro que las bases de uso conjunto en Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) no han sido ni serán utilizadas para operaciones que excedan lo establecido en el Convenio de Cooperación para la Defensa firmado entre ambos países. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sostuvo públicamente que cualquier actuación desde territorio español debe ajustarse estrictamente al acuerdo bilateral y a la Carta de las Naciones Unidas. En la misma línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, enfatizó que España no respalda acciones militares que no cuenten con cobertura del derecho internacional ni con resoluciones de organismos multilaterales.
El convenio vigente establece que cualquier misión que implique tránsito, reabastecimiento o apoyo logístico desde estas instalaciones requiere autorización expresa del Gobierno español. En medio de la escalada en Oriente Próximo, Estados Unidos decidió retirar al menos 15 aviones cisterna que permanecían desplegados en dichas bases. Según explicó Robles, estas aeronaves no realizaron ni realizarán operaciones relacionadas con el conflicto y su traslado responde a decisiones logísticas internas del Ejército estadounidense. La administración española subraya que mantiene control soberano sobre el uso de estas infraestructuras y que no permitirá actividades que se aparten de los límites pactados.
La postura de Madrid contrasta con la de otros países europeos como Francia, Reino Unido o Alemania, cuyos gobiernos han dejado abierta la posibilidad de respaldar acciones más directas en defensa de sus intereses estratégicos. Desde España, en cambio, se insiste en priorizar la vía diplomática y la desescalada como respuesta a la crisis. En paralelo, el embajador iraní en Madrid advirtió que cualquier territorio utilizado para atacar a su país podría ser considerado objetivo legítimo, lo que ha incrementado la tensión. Frente a ese escenario, el Ejecutivo español reafirma su compromiso con la legalidad internacional, la soberanía nacional sobre sus bases militares y la búsqueda de soluciones negociadas ante el conflicto.
