La investigación por la desaparición de David Romo, ocurrida en 2013 en la ciudad de Quito, ha tomado un nuevo impulso tras la decisión de la Fiscalía de Pichincha de reactivar el proceso y descartar su archivo. Con esta resolución, el caso vuelve a centrarse en posibles responsabilidades dentro de las instituciones del Estado, incluyendo al exministro del Interior José Serrano, quien ha sido señalado en la denuncia presentada por la familia del joven. La medida representa un giro importante en un expediente que durante años estuvo marcado por la incertidumbre y la falta de respuestas claras.
El pronunciamiento fiscal abre la posibilidad de profundizar en las actuaciones realizadas durante las primeras etapas de la investigación, periodo en el que, según la acusación, se habrían producido irregularidades que dificultaron el esclarecimiento del caso. La fiscal provincial Mayra Soria subrayó la necesidad de retomar diligencias clave para determinar si existió encubrimiento o manipulación de información por parte de agentes estatales. En este contexto, se vuelve a poner bajo análisis el rol de miembros de la Policía y autoridades de la época, lo que podría redefinir el rumbo del proceso judicial.
A más de una década de la desaparición, el caso continúa sin una versión definitiva ni hallazgos concluyentes sobre el paradero de David Romo. Sin embargo, nuevos elementos y testimonios mantienen abierta la línea investigativa, incluyendo la posible presencia de personas con características policiales en el último trayecto del joven. Para su madre, Alexandra Córdova, la continuidad de la investigación representa una oportunidad para acercarse a la verdad y a la justicia, en uno de los casos más emblemáticos y sensibles del país, que aún espera respuestas concretas.
