Explosión en ARCOM y Ministerio de Agricultura sacude el norte de Quito

Durante la madrugada del 29 de junio, un violento atentado con explosivos impactó las oficinas de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y el edificio del Ministerio de Agricultura, ubicados en la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y Amazonas, en el norte de Quito. Según las autoridades, un vehículo tipo Jeep llegó a las inmediaciones y dejó dos maletas con artefactos explosivos que fueron activados de forma manual, generando una onda expansiva que causó daños importantes en las fachadas, ventanas y estructuras de ambos edificios. En la escena también se hallaron panfletos que contenían amenazas y acusaciones dirigidas al director de ARCOM, cuyo contenido aún está siendo verificado. Afortunadamente, no se reportaron fallecidos, aunque un guardia de seguridad resultó afectado por la explosión y recibió atención médica.

Horas después, la Policía Nacional encontró un vehículo incendiado en la vía Oswaldo Guayasamín, presuntamente usado para perpetrar el ataque y facilitar la huida de los responsables. Las investigaciones preliminares sugieren que el atentado podría estar relacionado con supuestas denuncias de corrupción dentro de ARCOM, aunque no se ha confirmado la vinculación con algún grupo delictivo específico. Equipos especializados en Criminalística y explosivos continúan recabando evidencia, analizando cámaras de seguridad y evaluando el tipo de explosivo empleado para esclarecer la identidad de los responsables.

Este ataque marca el segundo incidente contra ARCOM en menos de un mes, luego de un atentado similar ocurrido en Machala el 12 de junio. La institución emitió un comunicado condenando el acto y ratificando que no detendrán sus operativos de control sobre la minería ilegal ni las acciones de fiscalización que ejecuta el Estado. Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía mantienen activa la investigación, buscando capturar a los autores materiales e intelectuales, y asegurar que hechos de violencia de este tipo no comprometan la integridad del personal ni el funcionamiento de las entidades públicas.

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