La Asamblea Nacional del Ecuador analiza el proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), enviado con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa, que plantea una transformación profunda en la estructura presupuestaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La iniciativa, ingresada el 28 de enero de 2025, propone establecer la denominada regla 70/30, que obligaría a municipios, prefecturas y juntas parroquiales a destinar al menos el 70% de su presupuesto anual —excluyendo deuda y egresos financieros— a inversión en obra pública y servicios esenciales. El Legislativo tiene plazo hasta el 28 de febrero para aprobar o archivar la propuesta.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, en la última década la ejecución presupuestaria en inversión por parte de los GAD no ha superado el 60% y, en algunos años, cayó por debajo del 40%. Solo en 2022, más de 2.600 millones de dólares asignados para inversión quedaron sin ejecutarse. El Ejecutivo sostiene que existe una “rigidez del gasto” debido a que gran parte de los recursos se concentran en nómina, consultorías y gastos administrativos, lo que desplaza la obra pública. La aplicación de la regla sería progresiva: 60% en 2027, 65% en 2028 y 70% desde 2029; mientras que las juntas parroquiales iniciarían con 50% en 2027 hasta llegar al 70% en 2030. Además, el cumplimiento estaría sujeto a informes trimestrales y supervisión de la Contraloría General del Estado.
Sin embargo, la propuesta ha generado preocupación en municipios como Quito, Guayaquil y Cuenca, cuyos alcaldes advierten posibles afectaciones a la autonomía financiera y a programas sociales. El alcalde capitalino, Pabel Muñoz, cuestionó la constitucionalidad del proyecto y alertó que la definición restrictiva de “inversión” podría dejar fuera estudios técnicos previos, indispensables para ejecutar obras. También señaló que la norma pondría en riesgo el sostenimiento de unidades educativas municipales y programas sociales, además de impactar la estabilidad laboral de miles de funcionarios. Con el debate en curso, el país enfrenta una discusión de fondo sobre el equilibrio entre disciplina fiscal, autonomía local y eficiencia en la gestión pública.
