El presidente Daniel Noboa defendió públicamente la nueva ley aprobada sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y cuestionó el manejo financiero que, según afirmó, se ha dado en varios municipios y prefecturas en los últimos años. En sus declaraciones, el mandatario sostuvo que, después de 2016, muchas administraciones locales incrementaron de forma excesiva su gasto corriente, especialmente en nóminas. Aseguró que estructuras políticas trasladaron militantes desde el Gobierno central hacia los GAD, inflando plantillas laborales y elevando el gasto administrativo en detrimento de la inversión en obras y servicios. Noboa negó que la reforma afecte a sectores como educación o cultura y afirmó que el objetivo es priorizar la contratación de personal necesario como maestros antes que mantener lo que calificó como “estructuras burocráticas innecesarias”.
La nueva normativa establece que al menos el 70% del presupuesto anual de los GAD debe destinarse a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos vinculados a servicios básicos. Aunque el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), aprobado en 2010, ya contemplaba una distribución similar 30% para gasto permanente y 70% para gasto no permanente la diferencia clave es que ahora el cumplimiento de ese porcentaje condiciona la entrega de recursos por parte del Gobierno central. Además, la ley obliga a los gobiernos locales a presentar reportes trimestrales de ejecución presupuestaria. En caso de incumplimiento, el Ejecutivo podrá aplicar las reducciones previstas en la Constitución, disminuyendo las asignaciones del 21% al 15% de ingresos permanentes y del 10% al 5% de ingresos no permanentes.
El contexto de la reforma se enmarca en un debate sobre la autonomía financiera de los GAD y su uso eficiente de recursos públicos. Mientras alcaldes y prefectos han expresado preocupación por posibles afectaciones a su autonomía, el Gobierno sostiene que la medida busca garantizar que los fondos públicos se destinen prioritariamente a cerrar brechas en agua potable, alcantarillado, vialidad y otros servicios esenciales. Noboa argumenta que la reforma no elimina la autonomía local, sino que establece incentivos para que los recursos se orienten hacia inversión y obra pública, evitando que el gasto administrativo absorba la mayor parte del presupuesto. La ley, aprobada como parte de un proyecto económico urgente, abre un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y los gobiernos seccionales, en medio de tensiones políticas y discusiones sobre eficiencia, transparencia y responsabilidad fiscal.
