Un tribunal federal de Miami dictó este martes una histórica sentencia que obliga al gobierno de Venezuela y a varios de sus altos funcionarios, incluyendo al empresario colombiano Alex Saab y miembros del Cartel de los Soles, a pagar 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos y torturados durante su cautiverio en Caracas. La medida se adoptó tras una demanda presentada en agosto de 2025 y se emitió en rebeldía, debido a que los acusados no respondieron ni participaron del proceso judicial. Entre los demandantes se encuentran Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar José Marval, quienes, junto con sus familias, denunciaron haber sido mantenidos como rehenes para presionar a Estados Unidos en favor de la liberación de Saab.
Según la documentación judicial, los tres hombres fueron víctimas de severos abusos durante su detención en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Kenemore estuvo retenido 643 días, Saad 560 y Marval 123, todos sometidos a torturas que incluyeron golpes, descargas eléctricas, aislamiento prolongado y amenazas constantes. Los informes detallan que los abusos dejaron secuelas físicas y psicológicas graves: Marval sufrió fracturas en la espalda y dolores crónicos, Saad perdió dientes y Kenemore enfrentó episodios de ansiedad, depresión y ataques de pánico. El juez aplicó la Ley Federal Antiterrorista y la normativa RICO para considerar estos actos como terrorismo internacional, y calculó las indemnizaciones diarias, triplicando las sumas por las torturas sufridas.
El fallo no solo representa la mayor compensación otorgada a ciudadanos estadounidenses por detenciones arbitrarias en Venezuela hasta la fecha, sino que también vincula directamente las acciones de Maduro y sus aliados con estructuras de narcotráfico y corrupción. Los tres liberados fueron intercambiados en diciembre de 2023 por Alex Saab, quien actualmente permanece detenido en Miami enfrentando juicio por presunto lavado de dinero y sobornos relacionados con el programa estatal de alimentos CLAP. El caso refuerza la utilización de tribunales estadounidenses para perseguir actos de rehenes y torturas en el extranjero, estableciendo un precedente legal y político significativo en materia de justicia internacional y compensación a víctimas.
