La defensa legal de Aquiles Alvarez informó este 13 de febrero que la justicia ecuatoriana aceptó formalmente el recurso de apelación presentado contra la prisión preventiva dictada en su contra en el llamado caso Goleada, una investigación penal que lo sitúa como principal implicado junto a varios familiares y allegados. El abogado Ramiro García precisó que el tribunal admitió a trámite el recurso amparado en el Código Orgánico Integral Penal y ordenó que el proceso sea asignado a una Sala de Garantías Penales Especializadas, lo que abre una nueva etapa procesal que podría modificar la medida cautelar inicial.
La decisión de apelar se produce tras una serie de diligencias judiciales que incluyeron la detención y prisión preventiva de Alvarez y otros cinco procesados el pasado 11 de febrero, dictada por el juez anticorrupción Jairo García en el marco de una causa que la Fiscalía califica como delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Según informes judiciales y de medios nacionales, el alcalde fue trasladado a la cárcel de Latacunga bajo fuerte custodia policial, mientras sus hermanos fueron derivados a distintas penitenciarías del país. Las autoridades también impusieron medidas sustitutivas para otros implicados y ordenaron la inmovilización de cuentas bancarias vinculadas a los investigados.
El caso Goleada tiene antecedentes que remontan a allanamientos realizados en octubre de 2025 en propiedades ligadas a la familia de Alvarez, donde se incautaron dispositivos electrónicos, documentación financiera y otros elementos que la Fiscalía considera clave para su acusación. La defensa, por su parte, ha cuestionado la medida cautelar original como desproporcionada e improcedente sin análisis individual del riesgo de fuga o interferencia con la investigación, y ahora busca ante la Corte una revisión que permita medidas menos gravosas o incluso la libertad bajo condiciones. Mientras tanto, voces políticas afines han criticado lo que consideran una posible persecución, y las autoridades municipales han insistido en que los procesos administrativos y servicios en Guayaquil continúan normalmente pese al contexto judicial.
