Un hombre de 32 años fue detenido en la ciudad de Loja la mañana del 26 de febrero, en el marco de una investigación por presunta producción y difusión de material de explotación sexual infantil. La aprehensión se dio tras varios meses de indagaciones iniciadas luego de una denuncia presentada en octubre de 2025 por la madre de dos niñas de siete años. De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, el proceso investigativo permitió recopilar indicios que apuntan a que el sospechoso habría tomado y compartido imágenes de las menores en contextos de carácter sexual explícito. La operación fue ejecutada por unidades especializadas, en coordinación con organizaciones internacionales que trabajan en la lucha contra delitos de explotación infantil en América Latina.
Según el reporte oficial, agentes ingresaron al domicilio del investigado en horas de la mañana y procedieron a su detención sin que se registraran incidentes. Durante el allanamiento se incautaron tres computadoras, dos tabletas y un teléfono celular, dispositivos que serán sometidos a pericias técnicas para determinar el alcance del material almacenado y si existió distribución a través de plataformas digitales. Las autoridades indicaron que el caso forma parte de los esfuerzos permanentes para combatir delitos cibernéticos relacionados con niñas, niños y adolescentes, un fenómeno que, según informes de la Fiscalía y la Policía, ha mostrado un incremento en los últimos años debido al uso extendido de redes sociales y mensajería digital.
Registros públicos de la Función Judicial evidencian que el detenido habría enfrentado procesos legales previos vinculados a conflictos familiares, aunque la investigación actual se centra exclusivamente en los presuntos delitos contra la integridad sexual de las menores. La Policía recordó que la explotación sexual infantil constituye un delito grave sancionado por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier indicio de vulneración de derechos de menores. Las autoridades continuarán con las diligencias correspondientes mientras el caso avanza en la etapa judicial y se determina la responsabilidad penal del implicado.
