El alcalde de Aquiles Álvarez mantiene intacta su condición de autoridad municipal de Guayaquil, aun cuando su situación judicial pudiera implicar una detención prolongada. De acuerdo con análisis publicados en medios nacionales y criterios de juristas constitucionalistas, la normativa ecuatoriana no contempla la pérdida automática del cargo para un alcalde mientras no exista una sentencia penal ejecutoriada que derive en la suspensión de derechos políticos. A diferencia de lo que ocurre con el presidente o vicepresidente de la República, en el ámbito municipal no existe un plazo máximo de ausencia que configure de forma automática el abandono del cargo, lo que deja abierta la posibilidad de que el alcalde continúe formalmente en funciones, aunque no ejerza de manera directa.
Diversos especialistas han recordado el precedente del exvicepresidente Jorge Glas, quien en 2017 fue cesado tras cumplir 90 días sin ejercer funciones debido a su detención preventiva. Sin embargo, constitucionalistas citados por otros medios explican que ese escenario no es comparable con el de un alcalde, ya que la Constitución fija reglas específicas solo para las máximas autoridades del Ejecutivo. En el caso de los gobiernos locales, la regulación se encuentra en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), cuerpo legal que, según expertos, presenta vacíos importantes al no definir plazos claros ni condiciones objetivas para considerar la ausencia definitiva de un alcalde por causas judiciales. Este vacío normativo ha sido señalado como un problema estructural que podría requerir reformas legales para evitar interpretaciones ambiguas en el futuro.
Lo que sí establece el COOTAD es el mecanismo de subrogación: ante una ausencia temporal mayor a tres días, el vicealcalde o vicealcaldesa asume las funciones administrativas y políticas del alcalde mientras dure la ausencia. En el escenario actual, esa responsabilidad recae en Tatiana Coronel, quien ejercerá como autoridad subrogante sin que ello implique la destitución del titular. Analistas consultados por la prensa coinciden en que solo una sentencia penal firme, que conlleve la pérdida de derechos políticos, podría generar una ausencia definitiva y, por tanto, el relevo permanente en la Alcaldía. Hasta que eso ocurra si es que ocurre, Aquiles Álvarez seguirá siendo legalmente el alcalde de Guayaquil, aunque el manejo diario del Municipio quede en manos de su reemplazo temporal.
