La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) emitió un comunicado recordando que cualquier suspensión del servicio de transporte terrestre sin justificación legal puede acarrear sanciones severas, incluida una multa equivalente a ocho remuneraciones básicas unificadas. La entidad destacó que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial considera como infracción administrativa muy grave la interrupción de rutas y servicios, salvo que exista fuerza mayor, caso fortuito o una disposición explícita de la autoridad competente.
En su resolución, la ANT explicó que se prohíbe expresamente detener operaciones sin causa justificada y advirtió que cualquier paralización injustificada será investigada a través de procesos administrativos. Las acciones incluirán la determinación de responsabilidades, respetando siempre el debido proceso y garantizando el derecho a la defensa de los operadores. Asimismo, la autoridad hizo énfasis en que estas medidas buscan proteger a los usuarios y asegurar la continuidad del transporte público, evitando perjuicios a la ciudadanía.
La institución también recordó que, en casos donde se comprometa el interés público, se pueden aplicar medidas cautelares inmediatas, como la intervención de la empresa operadora, suspensión de rutas o unidades, revisiones técnicas extraordinarias y la reevaluación de conductores. Según la ANT, sanciones más severas podrían incluir la reversión de rutas y frecuencias o incluso la retirada del título habilitante de la operadora, dependiendo de la gravedad de la infracción. Esta advertencia se produce en un contexto de tensiones con el gremio de transporte interprovincial, que recientemente amenazó con paralizar operaciones para exigir atención a sus demandas ante el Gobierno.
