La polémica por el sellado de puertas en las unidades de transporte interprovincial en Cayambe continúa generando reacciones luego de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) emitiera un pronunciamiento oficial señalando que este procedimiento no cuenta con respaldo dentro de la normativa vigente. A través del oficio ANT-DCTS-2026-0226-OF, emitido el 5 de mayo de 2026, la Dirección de Control Técnico Sectorial concluyó que la aplicación de sellos en buses de transporte público no se encuentra contemplada ni en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ni en sus respectivos reglamentos, por lo que la medida carecería de sustento jurídico para su ejecución.
El documento técnico detalla que los controles sobre las operadoras de transporte deben enfocarse en la supervisión de rutas, el cumplimiento de frecuencias y la regulación adecuada del ascenso y descenso de pasajeros únicamente en terminales terrestres y puntos autorizados dentro de los permisos de operación. La ANT recordó además que las paradas fuera de los sitios establecidos continúan prohibidas y que corresponde a las autoridades competentes de cada jurisdicción vigilar el cumplimiento de estas disposiciones. El pronunciamiento ha generado amplio debate en Cayambe, donde semanas atrás se implementaron controles relacionados con el sellado obligatorio de puertas en ciertas unidades de transporte interprovincial.
A esta controversia se sumó la Confederación del Pueblo Kayambi, organización que expresó su preocupación por las posibles afectaciones sociales y comunitarias que podría provocar esta medida en sectores rurales y poblaciones que dependen diariamente del transporte público. Mediante una resolución de jurisdicción indígena, la organización advirtió que estudiantes, trabajadores, agricultores, comerciantes y adultos mayores podrían enfrentar dificultades de movilidad si continúan aplicándose restricciones de este tipo. Además, solicitaron abrir espacios de diálogo intercultural y pidieron revisar la sentencia relacionada con el transporte en el cantón, mientras mantienen activa una asamblea permanente en defensa de los derechos colectivos y del acceso al servicio de movilidad para las comunidades.
