La vía Alóag–Santo Domingo, uno de los principales corredores que conecta la Sierra con la Costa ecuatoriana, permaneció completamente cerrada a la altura del kilómetro 88, en el sector del peaje, debido a una protesta protagonizada por habitantes de Alluriquín. La manifestación se originó tras la eliminación de la tarjeta de exoneración que permitía a los residentes pagar una tarifa reducida. Con la medida, los valores se incrementaron significativamente: los buses pasaron de cancelar 0,24 dólares a 2 dólares, mientras que los vehículos particulares subieron de 0,12 a 1 dólar. Los moradores aseguran que el alza impacta directamente en su economía diaria, ya que utilizan esta vía de forma constante para movilizarse por trabajo, estudios y actividades comerciales.
Desde tempranas horas, los manifestantes bloquearon el paso vehicular como mecanismo de presión, generando largas filas de automotores y obligando a conductores de transporte pesado, buses interprovinciales y vehículos particulares a buscar rutas alternas. De acuerdo con reportes de medios locales y autoridades de tránsito, el cierre provocó retrasos en el transporte de mercancías y afectó la cadena logística entre provincias. Además del reclamo tarifario, los habitantes expresaron inconformidad por el avance —que califican de lento— en los trabajos de mantenimiento y ampliación del tramo provincial, señalando que el estado de la carretera incrementa los riesgos de accidentes y daños mecánicos.
Durante la jornada se registraron momentos de tensión, con enfrentamientos verbales e incluso forcejeos entre conductores y personal vinculado a la administración vial. La situación obligó a reforzar la presencia de autoridades en el sector para evitar mayores incidentes. Hasta el cierre de la protesta no se había anunciado una hora oficial para la reapertura ni un acuerdo concreto que permita destrabar el conflicto. La Alóag–Santo Domingo es considerada un eje estratégico para la movilidad y el comercio nacional, por lo que cualquier interrupción tiene repercusiones económicas inmediatas, lo que aumenta la presión sobre las autoridades para encontrar una solución que equilibre la sostenibilidad financiera de la vía con las demandas de la comunidad local.
