La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, se pronunció públicamente tras la suspensión temporal de su organización política por nueve meses y los allanamientos realizados en el marco del denominado caso Caja Chica, una investigación que analiza un presunto financiamiento irregular de campañas políticas. Durante sus declaraciones, la dirigente negó que su organización haya recibido recursos del extranjero para procesos electorales y aseguró que las acusaciones forman parte de un intento de desprestigio político. Rivadeneira sostuvo que, en distintos momentos, se ha intentado vincular al movimiento con países como Colombia o Venezuela, pero afirmó que estas versiones no han sido demostradas dentro de un proceso judicial definitivo.
La dirigente también criticó los operativos realizados por la Fiscalía en sedes y domicilios vinculados a dirigentes del movimiento, incluyendo allanamientos que se efectuaron en horas de la madrugada. Según Rivadeneira, estos procedimientos forman parte de una estrategia que, a su criterio, busca debilitar políticamente a la organización en medio del escenario electoral. La investigación del caso Caja Chica se centra en la presunta entrada de recursos irregulares para financiar campañas políticas, lo que llevó a que el Tribunal Contencioso Electoral dispusiera la suspensión provisional del movimiento mientras se desarrollan las indagaciones fiscales.
En su pronunciamiento, Rivadeneira también cuestionó lo que considera un uso selectivo del sistema judicial, señalando que mientras se realizan acciones contra dirigentes políticos, otros casos de inseguridad o denuncias ciudadanas no reciben la misma atención por parte de las autoridades. Además, criticó decisiones recientes del Gobierno que, según afirmó, han generado tensiones políticas en el país, como procesos judiciales contra autoridades locales o medidas migratorias contra extranjeros. El movimiento Revolución Ciudadana, por su parte, anunció que presentará acciones legales para impugnar la suspensión y defender lo que considera sus derechos políticos dentro del sistema electoral
