La madrugada de este sábado 28 de febrero, agentes de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con unidades de la Policía Nacional, realizaron un operativo en las oficinas del movimiento Revolución Ciudadana (RC) en Quito. La diligencia, ejecutada en horas de la madrugada, generó una inmediata reacción política y abrió un nuevo capítulo en el clima de confrontación entre el oficialismo y la principal fuerza de oposición. Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía no había difundido un informe oficial detallando el objetivo del procedimiento ni los elementos recabados durante la intervención.
Desde el movimiento político no tardaron en pronunciarse. El expresidente Rafael Correa calificó el allanamiento como un acto de persecución política y cuestionó que se destinen recursos estatales a intervenir una sede partidista en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país. En la misma línea, dirigentes como Gabriela Rivadeneira y Paola Pabón sostuvieron que la acción forma parte de una estrategia de presión judicial contra la organización. Luisa González, excandidata presidencial, también denunció irregularidades en la forma en que se ejecutó el operativo, señalando que la diligencia ocurrió en horarios inusuales y con una fuerte exposición mediática.
El allanamiento ocurre en un contexto marcado por investigaciones abiertas en torno al denominado caso “Caja Chica”, proceso que indaga presuntos vínculos entre financiamiento irregular y la campaña electoral de 2023. En semanas anteriores, la Fiscalía había ejecutado operativos similares en domicilios de personas cercanas al movimiento. Mientras las autoridades sostienen que se trata de actuaciones en el marco de investigaciones penales, desde la RC insisten en que existe una instrumentalización de la justicia con fines políticos. El episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre independencia judicial, garantías procesales y el impacto de estas acciones en la estabilidad política del país.
