La reciente aprobación de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, el pasado 26 de febrero de 2026 en la Asamblea Nacional, generó preocupación en distintos sectores ciudadanos y ambientales respecto a su posible impacto en el archipiélago de Galápagos. Ante la inquietud pública y las protestas registradas en Quito por colectivos ambientalistas, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica emitió un pronunciamiento oficial para aclarar que la nueva normativa no habilita actividades mineras dentro del Parque Nacional Galápagos. La cartera de Estado enfatizó que la condición de área protegida del parque se mantiene intacta y que ninguna forma de minería, sea metálica o no metálica, está permitida dentro de sus límites.
En su comunicado, difundido el 27 de febrero, el Ministerio explicó que la ley no abre la puerta a proyectos extractivos industriales en el archipiélago y que el régimen especial de conservación que protege a Galápagos —reconocido incluso por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad— no ha sido modificado. No obstante, la entidad detalló que, fuera del perímetro del Parque Nacional y únicamente en zonas específicas catalogadas como de Aprovechamiento Sustentable, podrían otorgarse permisos de libre aprovechamiento de materiales como arena, grava o piedra. Estos permisos estarían destinados exclusivamente a obras públicas locales, como infraestructura vial o proyectos municipales, y requerirían estudios técnicos e informes ambientales previos. Las autoridades subrayaron que no se trata de explotación minera comercial ni de actividades con fines de exportación.
El Ministerio también precisó que la ley no amplía competencias en Galápagos más allá de lo establecido en la Constitución y en el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), y que uno de sus objetivos centrales es combatir la extracción ilegal y ordenar actividades que ya contaban con regulación previa. El reglamento específico de la ley, actualmente en elaboración, deberá dejar claramente definidos estos alcances para evitar interpretaciones erróneas. En un contexto de debate nacional sobre minería y sostenibilidad, el Gobierno busca transmitir que la protección ambiental en Galápagos continúa siendo prioritaria y que cualquier intervención fuera del parque deberá ajustarse estrictamente a controles técnicos y ambientales.
