La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) decidió suspender el paro que había anunciado para este viernes 3 de julio de 2026, tras un acuerdo con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para instalar mesas técnicas que revisen las tarifas de los servicios intra e interprovinciales. La medida, que buscaba visibilizar la grave crisis económica del sector, permitirá que el transporte opere con normalidad mientras se revisan los ajustes necesarios para cubrir los crecientes costos de operación. Las terminales terrestres de ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca reportan este viernes un funcionamiento regular de rutas y horarios, evitando así mayores inconvenientes para los pasajeros.
Los transportistas sostienen que la estructura tarifaria vigente ya no refleja la realidad económica del sector, afectado por incrementos en combustibles, repuestos, mantenimiento y otros insumos esenciales. Según un comunicado del presidente de Fenacotip, Miguel Bonilla, la revisión de tarifas responde a la necesidad urgente de garantizar la sostenibilidad del servicio y evitar la prolongación de una situación crítica que amenaza la operatividad del transporte público a nivel nacional. La propuesta de las mesas técnicas busca establecer un diálogo directo con la ANT para definir ajustes claros y oportunos que permitan mantener la calidad del servicio sin poner en riesgo la economía de las cooperativas.
Por su parte, la ANT recordó que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre considera como infracción muy grave la interrupción injustificada del servicio, con multas que en 2026 equivalen a 3.856 USD, además de medidas complementarias como la intervención de operadoras, suspensión de rutas o reevaluación de conductores. Ante esta normativa, Fenacotip estableció un plazo de 48 horas para que se concreten las mesas técnicas como condición para suspender el paro, evitando así sanciones legales y garantizando la continuidad del transporte para millones de pasajeros en todo el país. La coordinación entre transportistas y autoridades marca un paso hacia la solución de una problemática histórica que ha afectado tanto a operadores como a usuarios del transporte público.
