Una investigación de más de diez años llevó a las autoridades colombianas a ejecutar una de las operaciones más amplias contra el contrabando y el lavado de dinero en el país. La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de unidades especializadas y del Ejército, intervino decenas de locales de la cadena de ropa Lili Pink en una acción simultánea desplegada en múltiples ciudades. El caso surgió tras detectar patrones irregulares en importaciones provenientes de Asia, caracterizadas por valores subestimados y movimientos financieros fragmentados que dificultaban el rastreo de su origen.
Las indagaciones apuntan a la existencia de una red transnacional que habría utilizado empresas de fachada para introducir mercancía al país y posteriormente comercializarla en el mercado local, dando apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Según las autoridades, el esquema habría movilizado cifras millonarias, vinculadas no solo al contrabando de textiles y productos cosméticos, sino también a operaciones de blanqueo de capitales. Durante los allanamientos, se encontraron grandes volúmenes de mercadería y documentación que fortalecerían la hipótesis de una estructura organizada con alcance nacional.
Como parte del proceso, un juez ordenó medidas cautelares sobre cientos de bienes, incluidos locales comerciales, inmuebles y vehículos, mientras avanza la investigación. Aunque las tiendas continúan operando bajo supervisión estatal, el caso ha generado un fuerte impacto en el sector comercial y abre la puerta a nuevas indagaciones sobre otras empresas que podrían estar relacionadas con prácticas similares. Por su parte, la compañía matriz indicó que colaborará con las autoridades y que trabaja para enfrentar el proceso dentro del marco legal, al tiempo que busca proteger su operación y a sus trabajadores.
