La dirigencia de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) anunció este lunes 9 de febrero de 2026 que impulsará formalmente un proceso de revocatoria de mandato contra el presidente de la República, Daniel Noboa, en respuesta al descontento por su gestión política. La decisión fue adoptada en el congreso de la organización indígena, celebrado hace dos semanas, durante el cual también se eligió a Leonidas Iza como nuevo presidente de la Ecuarunari. Iza, reconocido líder indígena y excandidato presidencial, explicó que la iniciativa no es “simbólica”, sino que busca activar un mecanismo constitucional para que la ciudadanía evalúe si el mandatario debe continuar en el cargo.
El dirigente indígena señaló que la Ecuarunari coordinará esfuerzos con otras organizaciones sociales y movimientos populares para articular una revocatoria sólida y evitar que se trate de una iniciativa aislada. Entre los grupos mencionados está la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin), cuyo presidente Guido Perugachi también ha manifestado su intención de promover una revocatoria presidencial, señalando que existe un malestar creciente en diversos sectores del país. Esta propuesta se enmarca en un contexto más amplio de voces críticas hacia el Gobierno, donde colectivos ciudadanos y otras organizaciones han expresado su rechazo al manejo de temas como seguridad, crisis económica y servicios públicos, aunque aún se deben cumplir requisitos legales y técnicos para que el proceso avance.
La revocatoria de mandato es un mecanismo de democracia directa contemplado en la Constitución ecuatoriana que permite destituir a autoridades electas antes de finalizar su gestión, siempre que se cumplan plazos y se recolecten firmas suficientes para un referéndum. Según este marco, la solicitud debe formalizarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y obtener el respaldo de un porcentaje del padrón electoral antes de que el CNE convoque a la consulta popular. Los analistas advierten que, incluso si la iniciativa no prospera, el anuncio de la Ecuarunari introduce una nueva presión política sobre el Ejecutivo y obliga a reconfigurar los diálogos entre el Gobierno y los movimientos sociales, especialmente tras un periodo de tensiones entre ambos sectores.
