Un masivo operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional sacudió a la Agencia Nacional de Tránsito la madrugada del 30 de enero del 2026, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada y corrupción al interior de la entidad. Las acciones, conocidas como caso Jaque, incluyeron 23 allanamientos simultáneos en oficinas y viviendas de funcionarios en varias provincias, entre ellas Pichincha (Quito), Imbabura (Ibarra) y Santo Domingo de los Tsáchilas, como parte de la búsqueda de evidencias y la desarticulación de una red sospechosa de cobrar por agilizar trámites.
Durante las intervenciones, las autoridades detuvieron a diez personas, entre ellas al director nacional de la ANT, y decomisaron dinero en efectivo, documentos, dispositivos electrónicos y licencias que podrían estar vinculados a los hechos investigados. Estas detenciones han derivado en medidas más estrictas, como el cierre temporal de todas las agencias de tránsito a nivel nacional por 30 días, con el objetivo de depurar la institución y revisar sus sistemas internos.
El caso ha generado inquietud entre usuarios que tenían trámites pendientes, ya que servicios como la emisión de licencias, matriculación y otros procedimientos vehiculares quedaron suspendidos. En paralelo, las investigaciones apuntan a posibles vínculos de la red con organizaciones criminales y al cobro de sumas de dinero a cambio de trámites como renovaciones de documentos de tránsito, lo que ha profundizado la controversia en torno a la ANT y su funcionamiento.
