La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este 20 de febrero, con 77 votos a favor, 71 en contra y 2 abstenciones, la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) que introduce la regla 70/30 para el manejo presupuestario de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La sesión se realizó en el campus de la Universidad Ecotec, en Samborondón, y contó con la presencia de 150 legisladores. La norma, enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente, establece que al menos el 70% del presupuesto institucional anual —excluyendo pagos de deuda— deberá destinarse a inversión en infraestructura, obra pública y servicios básicos, mientras que el 30% podrá cubrir gasto corriente.
Desde el oficialismo se defendió la iniciativa argumentando que busca corregir lo que califican como “rigidez del gasto” en varios municipios, donde la nómina y los gastos administrativos absorben buena parte de los recursos. Durante el debate, la legisladora Valentina Centeno citó cifras sobre la falta de acceso a agua potable en distintas zonas del país y cuestionó el uso de fondos en eventos y adquisiciones que no generan activos públicos duraderos. Datos del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador indican que en la última década la ejecución del presupuesto de inversión de los GAD no superó el 60%, y que en 2022 quedaron sin ejecutar más de 2.600 millones de dólares destinados a obras.
No obstante, la reforma generó fuertes críticas desde sectores de la oposición y autoridades locales, quienes sostienen que podría afectar la autonomía financiera garantizada por la Constitución. Legisladores de la Revolución Ciudadana, Pachakutik y el Partido Social Cristiano advirtieron que la definición restrictiva de “inversión” podría limitar programas sociales, educativos y culturales impulsados por municipios y prefecturas. Alcaldes de ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca han manifestado preocupación por el impacto en sus presupuestos y en la sostenibilidad de servicios municipales. Con la aprobación legislativa, el proyecto pasa ahora al Ejecutivo para su sanción u objeción, en medio de un debate nacional sobre disciplina fiscal, eficiencia del gasto y autonomía territorial.
