La justicia boliviana instaló este lunes el proceso judicial contra el expresidente Evo Morales, investigado por el presunto delito de trata agravada de personas. El caso se desarrolla en la ciudad de Tarija y está relacionado con una supuesta relación que el exmandatario habría mantenido con una adolescente durante el periodo en que ejercía la Presidencia de Bolivia. Según las investigaciones fiscales, de esa relación habría nacido una hija en 2016, situación que actualmente forma parte de las acusaciones que enfrenta el líder político.
La audiencia se realizó en medio de una fuerte tensión política y judicial, marcada por la ausencia de Morales, quien decidió no asistir al inicio del juicio. Su equipo legal argumentó que el exgobernante no fue notificado correctamente y denunció que el proceso carece de garantías legales. Además, sus abogados sostienen que el caso responde a una presunta persecución política impulsada por sectores vinculados al poder. Mientras tanto, la justicia boliviana ratificó la declaratoria de rebeldía y mantuvo vigente la orden de aprehensión contra el exmandatario tras no presentarse ante el tribunal.
El proceso ha generado amplio debate en Bolivia debido al impacto político y social que rodea la figura de Morales, quien permanece desde hace varios meses en la región de Lauca Ñ, considerada su principal bastión político y sindical. Las autoridades judiciales informaron que existen más de 170 elementos probatorios dentro de la investigación, mientras organismos y representantes de derechos humanos han insistido en que el caso debe desarrollarse respetando la institucionalidad y aplicando la ley de manera igualitaria. El juicio se desarrolla en un contexto de división política, protestas sociales y cuestionamientos sobre el sistema judicial boliviano.
