El proceso para designar al nuevo Fiscal General del Estado avanza en Ecuador con la inscripción de decenas de aspirantes ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Hasta la tarde del 3 de marzo, más de treinta profesionales del derecho acudieron a presentar su documentación como parte del concurso público de méritos y oposición que busca elegir a la máxima autoridad de la Fiscalía. Entre los postulantes figuran abogados en libre ejercicio, jueces, exjueces y exfuncionarios públicos, quienes deberán atravesar varias etapas de evaluación antes de que se defina al reemplazo de la actual autoridad. El proceso se desarrolla bajo la supervisión de la Comisión Ciudadana de Selección, organismo encargado de verificar el cumplimiento de requisitos legales y organizar las fases posteriores del concurso.
Entre los nombres que confirmaron su participación se encuentra el exministro de Gobierno José de la Gasca, quien anunció su candidatura en medio de un contexto marcado por la crisis de seguridad y los desafíos institucionales que enfrenta el sistema de justicia. Durante la jornada también se registraron las postulaciones de figuras del ámbito judicial, como la jueza nacional Daniela Camacho, quien señaló que el país necesita autoridades dispuestas a enfrentar con firmeza los problemas de corrupción y a recuperar la confianza ciudadana en la administración de justicia. Otros aspirantes, como Narcisa Calero y el funcionario de la Fiscalía Patricio Haro, coincidieron en que la institución requiere reformas profundas que fortalezcan la investigación penal y mejoren su capacidad para combatir el crimen organizado.
De acuerdo con datos oficiales del CPCCS, hasta las 16:00 se habían registrado 37 postulantes, de los cuales 27 son hombres y 10 mujeres, siendo la provincia de Pichincha la que concentra el mayor número de candidaturas. Una vez cerradas las inscripciones, la Comisión Ciudadana iniciará la fase de admisibilidad, en la que se revisará la documentación para verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos en la ley y que no tengan impedimentos para ejercer funciones públicas. Posteriormente se aplicarán pruebas escritas, evaluaciones orales y la revisión de méritos académicos y profesionales. El proceso ha generado gran expectativa en el país, pues el nuevo fiscal general tendrá un papel clave en investigaciones relacionadas con corrupción, crimen organizado y narcotráfico, temas que han marcado la agenda nacional en los últimos años.
