El expresidente Rafael Correa volvió a encender el debate político nacional tras asegurar, en una entrevista reciente, que el Gobierno de Daniel Noboa tendría como objetivo sacar del escenario político al movimiento Revolución Ciudadana (RC5). Durante su intervención, el exmandatario sostuvo que existiría una estrategia orientada a impedir la participación de su organización en futuros procesos electorales, lo que, a su juicio, configuraría una vulneración directa al sistema democrático. Correa calificó el actual contexto como una “dictadura de facto” y cuestionó la independencia de las autoridades electorales y de los jueces constitucionales, afirmando que no existirían garantías institucionales para una competencia política justa. Según su postura, la situación no solo afectaría a su movimiento, sino al derecho de los ciudadanos a escoger libremente entre distintas opciones políticas.
En el mismo espacio, Correa afirmó que también se buscaría retirar los derechos políticos de la excandidata presidencial Luisa González, a quien señaló como la principal figura opositora frente al actual Gobierno. El exmandatario interpretó estas supuestas acciones como un intento de debilitar a su bloque político antes de futuras contiendas electorales. Además, reiteró sus cuestionamientos sobre el desarrollo de procesos electorales anteriores, asegurando que hubo irregularidades que, en su criterio, no fueron investigadas con la debida transparencia. Sus declaraciones incluyeron fuertes críticas hacia el Ejecutivo, al que acusó de actuar con ventajismo político y de utilizar recursos del Estado para consolidar su permanencia en el poder.
Las afirmaciones de Correa se producen en medio de un clima de creciente polarización política en el país, donde los enfrentamientos discursivos entre el oficialismo y el correísmo se han intensificado en las últimas semanas. Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido una respuesta formal a estas acusaciones. Analistas políticos advierten que este cruce de señalamientos podría profundizar la confrontación entre fuerzas políticas y trasladar nuevamente el debate hacia la institucionalidad democrática, la transparencia electoral y el respeto a los derechos políticos. Mientras tanto, la discusión sobre el futuro del movimiento RC5 y el rol de sus principales dirigentes continúa marcando la agenda pública.
