La creciente tensión comercial entre Ecuador y Colombia encendió las alertas del sector productivo de ambos países. Más de 130 gremios empresariales ecuatorianos, junto con representantes de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI), se reunieron en Quito para pedir la suspensión inmediata —al menos temporal— de los aranceles impuestos de manera recíproca. Los empresarios solicitaron que el diálogo escale directamente a nivel presidencial entre Daniel Noboa y Gustavo Petro, advirtiendo que la confrontación arancelaria está poniendo en riesgo miles de empleos, inversiones y la estabilidad de una de las relaciones comerciales más dinámicas de la región andina.
Actualmente, Ecuador mantiene una tasa de seguridad del 50 % sobre productos colombianos, mientras que Colombia aplica una sobretasa del 30 % a bienes ecuatorianos y analiza nuevas medidas. El intercambio bilateral bordea los 2.800 millones de dólares anuales y conecta a miles de empresas en cadenas productivas complementarias. Según cifras presentadas por los gremios, en Ecuador unas 2.000 compañías y cerca de 200.000 empleos están expuestos a la crisis; en Colombia, el impacto alcanzaría a 2.500 empresas y alrededor de 100.000 puestos de trabajo. Además, se reporta una caída significativa en las importaciones desde Colombia durante febrero, con reducciones superiores al 60 % en volumen y valor, afectando sectores clave como maquinaria, químicos, farmacéuticos e insumos médicos.
Dirigentes empresariales también advirtieron que el encarecimiento del comercio formal podría incentivar el contrabando y desviar operaciones hacia la informalidad. Desde la Cámara de Industrias y Producción se señaló que el efecto podría restar al menos un punto porcentual al Producto Interno Bruto ecuatoriano, mientras que exportadores estiman pérdidas mensuales de hasta 25 millones de dólares, con riesgo de incrementarse si la disputa se intensifica. Los sectores privados coincidieron en que la seguridad fronteriza —uno de los argumentos que motivó la tasa ecuatoriana— debe abordarse con cooperación técnica y operativa, no mediante barreras comerciales. En este escenario, la presión empresarial busca evitar que la escalada derive en una guerra comercial prolongada que termine debilitando la integración regional y afectando directamente a consumidores y trabajadores de ambos lados de la frontera.
