El alcalde del cantón Vinces, Juan Alfonso Montalván Cerezo, fue detenido la madrugada de este miércoles 28 de octubre de 2026, durante una operación policial contra una presunta organización dedicada al lavado de activos en Ecuador. El procedimiento, denominado Gran Fénix 066, fue ejecutado de manera simultánea por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado en las provincias de Los Ríos, Azuay y Guayas. Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, las intervenciones dejaron 15 personas detenidas, 21 allanamientos y dos personas jurídicas intervenidas. El funcionario señaló al alcalde como presunto cabecilla de la estructura investigada, en la que también estarían involucrados integrantes de su círculo familiar y empresarial. Durante los registros, los agentes encontraron dinero en efectivo, documentación y armas que serán analizados como parte de las investigaciones.
De acuerdo con la información presentada por las autoridades, la organización habría movilizado aproximadamente USD 3,22 millones a través del sistema financiero ecuatoriano entre 2019 y 2026. Las investigaciones apuntan a que los involucrados habrían utilizado la empresa Constructora Aldrensa S. A., previamente reportada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para introducir recursos de presunto origen ilícito en actividades comerciales. También se identificaron adquisiciones de vehículos, propiedades y otros bienes que serán examinados para establecer su relación con los movimientos económicos investigados. La Fiscalía busca determinar el origen del dinero, la participación de cada sospechoso y el posible uso de empresas para ocultar transacciones financieras irregulares.
El ministro Reimberg también informó que las investigaciones identificaron posibles conexiones financieras con personas vinculadas a procesos judiciales por narcotráfico, tráfico de armas y delincuencia organizada. Entre los expedientes mencionados se encuentran los casos Narcofiesta, Gran Fénix Cantabria y Metástasis, así como presuntas relaciones con integrantes de las organizaciones criminales Los Choneros y Los Lobos. Estas conexiones deberán ser verificadas durante el proceso judicial, ya que forman parte de las hipótesis de las autoridades. Tras las detenciones, la Fiscalía continuará con el análisis de los documentos, bienes y movimientos bancarios encontrados durante los allanamientos. La situación jurídica del alcalde y de los otros aprehendidos dependerá de las decisiones que adopten las autoridades judiciales en las siguientes etapas del proceso.
