En la ciudad de Quito, el caso Triple A volvió a acaparar la atención judicial y mediática con la reinstalación del juicio que enfrenta al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto a otras 21 personas naturales y jurídicas, por la presunta comercialización ilegal de combustible. Durante la jornada de este viernes, se desarrolló la etapa probatoria donde un testigo protegido de la Fiscalía aportó información clave sobre las complejas conexiones societarias y las presuntas transacciones internacionales vinculadas al burgomaestre, aportando detalles que podrían ser determinantes para el desarrollo del proceso. La diligencia tuvo lugar en el Complejo Judicial Norte de Quito, y debido al estatus de protección del colaborador, la prensa fue retirada de la sala para resguardar su identidad y seguridad.
José Cevallos, exgerente financiero de las empresas de los hermanos Álvarez, rindió su declaración bajo la figura de testigo protegido, explicando cómo operaban las estructuras empresariales que, según la Fiscalía, habrían facilitado las operaciones ilícitas. Además de su testimonio, se presentó la versión de las contadoras de las compañías involucradas, quienes detallaron la gestión contable y financiera de las entidades implicadas, permitiendo al tribunal contar con un panorama más amplio de la supuesta red de comercialización de combustible ilegal. La exposición de estos elementos evidencia la complejidad del caso y la diversidad de actores involucrados, desde representantes legales hasta gerentes y contadores de las firmas acusadas.
El alcalde Aquiles Álvarez siguió la audiencia de manera telemática desde la unidad judicial de La Libertad, ya que su traslado a Quito fue denegado por el tribunal y permanece bajo custodia en la cárcel de El Encuentro. Según el cronograma del proceso, la fase de presentación de pruebas concluirá entre este viernes y sábado, mientras que el domingo se llevarán a cabo los alegatos de clausura de todas las partes procesales. Posteriormente, los jueces deliberarán para emitir la sentencia de primera instancia, estableciendo así el rumbo definitivo de un caso que ha puesto nuevamente bajo la lupa pública a una de las principales autoridades de Guayaquil y a sus vínculos empresariales.
