El Centro Comercial Montúfar, ubicado en el Casco Colonial de Quito, volvió a ocupar la agenda del Concejo Metropolitano durante una sesión dedicada a temas de fiscalización y control municipal. El debate estuvo marcado por declaraciones polémicas y posturas contrapuestas entre los concejales. En su intervención, Gabriel Noroña relató que adquirió un teléfono celular en ese establecimiento por cerca de USD 80, y cuestionó el estigma con el que se suele calificar al lugar, emitiendo una expresión que generó reacciones dentro y fuera del Concejo. Sus palabras reavivaron la discusión sobre la percepción de ilegalidad asociada al Montúfar y el rol del Municipio en la supervisión de sus actividades comerciales.
Durante la sesión, varios concejales señalaron que, según los informes presentados, el centro comercial cumpliría con las normativas vigentes y que no existirían denuncias formales por parte de la ciudadanía que sustenten irregularidades de mayor alcance. No obstante, la comparecencia de los organismos de control municipal dejó en evidencia vacíos en los mecanismos de fiscalización, especialmente en lo relacionado con la falta de denuncias, un factor que —según se advirtió— limita la capacidad de intervención de las autoridades y dificulta sancionar posibles infracciones. En contraste, el concejal Juan Báez insistió en la necesidad de escuchar directamente a los comerciantes en una comisión general, argumentando que detrás del debate existen personas que dependen de esa actividad económica.
Frente a este escenario, surgieron propuestas orientadas a fortalecer la protección de denunciantes, entre ellas la creación de una Defensoría Metropolitana que garantice el anonimato y fomente la denuncia ciudadana sin temor a represalias. En paralelo, el balance de gestión presentado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) mostró que, durante 2025, se iniciaron 56 procedimientos sancionatorios en el Montúfar y su entorno, principalmente por locales sin permisos de funcionamiento dedicados a la venta y reparación de equipos electrónicos y de telecomunicaciones. Esta cifra representa un incremento del 19 % en comparación con 2024, cuando se registraron 42 procesos, un dato que refleja un mayor nivel de control, pero que también mantiene abierto el debate sobre la efectividad y el alcance real de la fiscalización municipal en este emblemático espacio comercial de la ciudad.
