El Congreso de El Salvador aprobó una reforma constitucional que introduce la cadena perpetua para delitos considerados de extrema gravedad como homicidio, violación y terrorismo. La medida fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y recibió un amplio respaldo legislativo, con 59 votos a favor de los 60 diputados presentes. Con esta decisión, el país modifica uno de los principios que durante décadas había impedido aplicar condenas de por vida dentro de su sistema penal.
La reforma establece que quienes cometan estos delitos podrán permanecer en prisión durante toda su vida, una sanción que hasta ahora estaba prohibida por la Constitución salvadoreña. El gobierno sostiene que la medida busca reforzar la lucha contra el crimen y garantizar que quienes hayan cometido actos violentos no vuelvan a representar un riesgo para la sociedad. Autoridades del Ejecutivo y legisladores oficialistas defendieron el cambio argumentando que es necesario endurecer las penas para consolidar la seguridad en el país y cerrar espacios a la impunidad.
El debate sobre esta reforma ocurre en un contexto marcado por las políticas de seguridad impulsadas por el gobierno de Bukele, especialmente el régimen de excepción vigente desde 2022 para combatir a las pandillas. Aunque el Ejecutivo asegura que estas acciones han reducido de forma significativa los niveles de violencia, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el impacto de las medidas en las garantías legales y en el respeto a los derechos fundamentales. La reforma constitucional aún deberá ser ratificada y acompañada de cambios en otras leyes para que la cadena perpetua pueda aplicarse plenamente en el sistema judicial salvadoreño.
