La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció la suspensión temporal del cobro de multas relacionadas con la renovación de documentos y otros trámites, en medio del cierre parcial de sus oficinas. La medida aplica tanto para licencias de conducir como para matrículas de vehículos, incluidos los casos en los que el trámite depende de los municipios pero se gestiona mediante el sistema de la ANT. El director de la institución, Luis Darío Villacrés, aseguró que la decisión busca proteger a los ciudadanos de sanciones por servicios que actualmente no están disponibles. Entre los procedimientos afectados están la renovación de licencias, la obtención de certificados como el Único Vehicular, la transferencia de dominio de automotores y el uso de placas provisionales, lo que garantiza que los usuarios no enfrenten multas por retrasos ajenos a su responsabilidad.
El director Villacrés señaló que la reactivación de los servicios será gradual, tras un análisis detallado de cada proceso para identificar vulnerabilidades y priorizar la atención de los trámites más urgentes. Hasta ahora, los servicios están suspendidos desde el 30 de enero de 2026, y aunque no se ha definido un calendario exacto, se espera que las actividades se reanuden de manera progresiva en los próximos días. Esta medida se suma a la decisión de los municipios de ajustar sus cronogramas de matriculación sin aplicar sanciones económicas, asegurando que los ciudadanos no sean afectados mientras dure la interrupción de los servicios.
Como parte del proceso de reorganización interna de la ANT, Villacrés anunció que se ha solicitado la renuncia de todos los directivos del nivel jerárquico superior, en un esfuerzo por depurar y fortalecer la institución. Según explicó, cada perfil será evaluado individualmente para seleccionar a los funcionarios más idóneos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y transparencia de la entidad. La decisión se enmarca dentro de los esfuerzos del gobierno por modernizar la administración del tránsito y garantizar que los procesos se realicen de manera ágil, segura y justa para los ciudadanos, evitando que paguen “platos rotos” por servicios que temporalmente no se están prestando.
