La Asamblea Nacional aprobó una reforma legal destinada a modificar el funcionamiento del sistema penitenciario en Ecuador, en medio de la crisis de seguridad que enfrentan las cárceles del país. Con 84 votos a favor, el Legislativo dio luz verde a una normativa que introduce nuevas medidas para reorganizar el control dentro de los centros de privación de libertad. Entre los cambios más relevantes se establece que las personas privadas de libertad deberán participar en actividades productivas mientras cumplen sus condenas, con el objetivo de contribuir a cubrir sus propias necesidades básicas durante el tiempo que permanezcan en prisión.
La reforma también incorpora herramientas orientadas a reforzar la seguridad en los centros penitenciarios. Entre ellas se incluye la creación de un sistema de inteligencia carcelaria y la reclasificación de los internos según su nivel de peligrosidad, lo que permitiría separar a los reclusos de acuerdo con el riesgo que representan. Además, la normativa contempla acciones para fortalecer el cuerpo de guías penitenciarios, incluyendo procesos de capacitación, evaluaciones periódicas, pruebas de confianza y rotación de funciones para reducir posibles actos de corrupción dentro de las cárceles.
El proyecto, impulsado principalmente por el bloque oficialista, fue defendido como una respuesta a los graves problemas estructurales del sistema carcelario ecuatoriano, marcado en los últimos años por violencia, fugas y presencia de organizaciones criminales. Sin embargo, la reforma también generó cuestionamientos desde sectores de la oposición, que consideran que los cambios legales no serán suficientes si no se asignan recursos económicos y se implementa una política integral de rehabilitación. El debate refleja las diferencias políticas sobre cómo enfrentar una crisis penitenciaria que sigue siendo uno de los principales desafíos del país.
