La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó con 77 votos la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, un proyecto remitido por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente. La votación se desarrolló durante una sesión realizada en la Universidad Ecotec, en Samborondón, y avaló la mayor parte del articulado, dejando pendiente la definición de uno de los artículos más polémicos. El Ejecutivo sostiene que la normativa permitirá modernizar la gestión pública en minería y energía eléctrica, reforzar la rectoría del Estado y generar mayores ingresos fiscales en un contexto de desafíos económicos y necesidad de inversión. Según el Gobierno, la reforma busca combatir la minería ilegal, actualizar el régimen de concesiones y agilizar trámites administrativos, promoviendo a la vez estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica para atraer capital nacional e internacional.
En el ámbito minero, la ley introduce cambios a la normativa vigente para precisar competencias institucionales, regular con mayor claridad las etapas de exploración y explotación, actualizar el sistema de patentes y establecer disposiciones de fomento a la inversión, incluidos clústeres productivos y áreas consideradas estratégicas. En el sector eléctrico, plantea modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, incorporando conceptos como generación distribuida, autoabastecimiento y distritos energéticos autónomos, además de abrir la puerta a una participación excepcional de empresas privadas y estatales extranjeras bajo regulación estatal. Autoridades oficiales han señalado en distintos medios que la reforma busca fortalecer la planificación energética y reducir la dependencia fiscal, en momentos en que el país enfrenta tensiones económicas y busca ampliar su matriz productiva.
Sin embargo, la aprobación del proyecto generó una fuerte reacción de organizaciones indígenas y ambientales. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtió que la ley podría debilitar controles ambientales y afectar el derecho a la consulta previa, señalando que la norma priorizaría actividades extractivas sobre la protección del agua y los territorios comunitarios. Bancadas opositoras, como Revolución Ciudadana, también cuestionaron la iniciativa, argumentando que podría dejar al Estado en desventaja frente a intereses privados o extranjeros. Desde el oficialismo se respondió que la ley no elimina la licencia ambiental ni la consulta popular, sino que reorganiza procedimientos para evitar vacíos legales y fortalecer el control frente a la minería ilegal, considerada uno de los principales problemas ambientales y de seguridad en varias provincias del país. La Asamblea deberá definir próximamente el artículo restante, que mantiene divisiones internas por su impacto en la distribución de regalías eléctricas y la participación territorial.
