La violencia en el sistema carcelario ecuatoriano vuelve a encender las alertas tras la muerte de Brayan José Macías Cedeño, conocido como alias “La Perris”, quien fue identificado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de sicarios dentro del grupo criminal Los Tiguerones. El fallecimiento ocurrió este jueves 19 de marzo en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, apenas tres días después de que el Gobierno Nacional anunciara su captura en un operativo ejecutado en la provincia del Guayas. Hasta horas de la tarde, el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) no emitía un pronunciamiento oficial, mientras que fuentes policiales confirmaban el hecho, generando múltiples interrogantes sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte.
La detención de alias “La Perris” se llevó a cabo el pasado 16 de marzo en el cantón Santa Lucía, durante los primeros controles aplicados tras la implementación del toque de queda. De acuerdo con información del Ministerio de Defensa, el ahora fallecido fue interceptado mientras se movilizaba en un vehículo, portando un arma de fuego con municiones, lo que derivó en un proceso judicial inmediato por tenencia y porte ilegal de armas. Incluso, ya se encontraba programada una audiencia de juicio directo para el próximo 6 de abril de 2026. Un día después de su captura, las autoridades también informaron sobre la detención de su pareja, en el marco de las acciones contra estructuras delictivas en la zona.
Macías Cedeño no era un desconocido para la justicia. Su historial incluía procesos por delitos como robo, receptación y asociación ilícita, además de ser señalado como un actor clave dentro de la estructura de Los Tiguerones, organización vinculada a una serie de actos delictivos en la provincia del Guayas, entre ellos extorsiones, asaltos armados y ataques a locales comerciales. Su repentina muerte dentro del centro penitenciario reabre el debate sobre la seguridad en las cárceles del país y la capacidad del Estado para garantizar el control de estos espacios, mientras crece la preocupación ciudadana frente a la persistencia de hechos violentos incluso bajo custodia estatal.
