El caso judicial del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro ha dado un giro intenso tras una nueva disputa entre su defensa y el Gobierno de Estados Unidos. Su abogado principal, Barry J. Pollack, denunció ante un tribunal federal en Nueva York que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha bloqueado una licencia que permitiría que el Gobierno venezolano financie los honorarios legales de Maduro en su juicio por cargos de narcotráfico, armas y conspiración en la ciudad estadounidense. Según el escrito presentado el 20 de febrero ante el juez Alvin K. Hellerstein, la OFAC concedió en enero una autorización temporal para que Venezuela cubriera esos costos, pero pocas horas después modificó esa licencia impidiendo el pago, lo que —asegura Pollack— afecta el derecho constitucional del acusado a elegir y pagar a su abogado de confianza.
Este enfrentamiento legal ocurre mientras Maduro y su esposa Cilia Flores esperan la continuación de su proceso judicial en Nueva York, tras declararse no culpables de los cargos el pasado 5 de enero ante la Corte del Distrito Sur. La defensa argumenta que, bajo la legislación venezolana y la costumbre política de ese país, el Ejecutivo debería asumir los costos de la representación legal de su presidente y primera dama, pero las sanciones estadounidenses complican ese escenario. La OFAC, que es la entidad encargada de aplicar las restricciones financieras contra Venezuela desde hace años, revocó la autorización de pago de Maduro sin explicación oficial, aunque la licencia para cubrir los honorarios de Flores no fue alterada. Esto ha llevado a la defensa a solicitar formalmente que la licencia original sea restaurada o, de no hacerlo, que el tribunal intervenga para proteger los derechos del exmandatario.
La situación se da en medio de un contexto más amplio de tensiones diplomáticas y legales entre Washington y Caracas. La captura de Maduro y Flores el 3 de enero durante un operativo militar estadounidense que marcó un punto de inflexión en la política venezolana y la influencia de la administración del presidente estadounidense ha sido un hecho sin precedentes, y refleja un aumento de la presión internacional sobre el gobierno chavista. Su próximo proceso en la Corte está programado para el 26 de marzo, y mientras tanto, la disputa sobre quién y cómo se pueden pagar los costos de su defensa legal continuará siendo un punto crucial en el desarrollo de este caso que trasciende lo judicial y se cruza con la geopolítica y las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela.
