El futuro de la principal central hidroeléctrica de Ecuador, Coca Codo Sinclair, apunta a un cambio clave en su gestión, luego de que el Gobierno avanzara en un acuerdo para que la empresa china PowerChina asuma su operación y mantenimiento por un periodo de 25 años. Este nuevo esquema implicaría un pago anual cercano a los 60 millones de dólares, lo que en total representaría una inversión de aproximadamente 1.500 millones durante la vigencia del contrato, en una decisión que busca garantizar la continuidad del servicio eléctrico en el país.
La medida se da en un contexto complejo, ya que, pese a haber sido inaugurada en 2016, la central nunca fue recibida oficialmente por el Estado debido a problemas estructurales detectados años atrás. Informes técnicos señalaron la existencia de miles de fisuras en componentes clave del sistema, lo que ha generado interrupciones en la generación y preocupación sobre la seguridad de la infraestructura. Ante este escenario, el Gobierno optó por dejar atrás disputas legales previas y encaminar una solución negociada que permita estabilizar la operación de la planta, la cual cubre cerca de una cuarta parte de la demanda eléctrica nacional.
El proceso contempla que, una vez se formalice la recepción definitiva de la obra, se firme el contrato que transferirá la responsabilidad operativa a la compañía china. Sin embargo, persisten dudas sobre cómo se abordarán los problemas técnicos heredados, especialmente en lo relacionado con las fisuras, cuyo impacto sigue siendo un punto crítico. Mientras tanto, las autoridades han señalado que el acuerdo incluiría mecanismos de compensación económica y financiamiento, en un intento por equilibrar los costos y asegurar el funcionamiento de una infraestructura estratégica para el sistema energético ecuatoriano.
